Reforma a LSN, legalizar al ejército en seguridad del… gobierno.

AETC

22 agosto 2011

“No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo, y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los Derechos Humanos”, cito a Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, quien destaca a los Derechos Humanos como lo esencial para que un país pueda crecer y vivir en paz. Parece que esta premisa la ignoran los legisladores del PAN y el PRI quienes intentaron fallidamente reformar en fast track la Ley a la Seguridad Nacional en el pasado periodo de sesiones legislativas, que terminó en abril, y que ahora en el segundo la tratarán de publicar, solo que ahora hay una presente oposición de la sociedad civil.

La Ley de Seguridad Nacional (LSN) fue emitida por primera vez en 2005, siendo un pendiente desde los años 90. Según la LSN, en su artículo 3 define que defenderá la integridad, estabilidad y permanencia de México, junto con su soberanía, constitución, instituciones, entidades, democracia, desarrollo económico social y político del país y de sus habitantes. En su artículo 5 especifica las amenazas del país, que van desde el espionaje, traición a la patria y terrorismo, a lo que bloquee las acciones que tenga el Estado contra el crimen organizado, además de la financiación de grupos delictivos y terroristas; junto con la destrucción de infraestructura estratégica.

Habiendo comprendido las amenazas según la LSN se puede deducir que la preservación del gobierno es lo que importa a la ley, como bien lo menciona la investigadora Laura Carlsens, urgiendo la necesidad de crear una Ley de Seguridad Ciudadana y Humana, poniendo en primer lugar a los habitantes, sus Derechos Humanos, su seguridad pública, la paz y la convivencia. Además, en la vigente ley se puede observar la insistencia de la lucha contra el crimen organizado y la protección de solo el Estado Mexicano ante el flagelo, dando preludio a lo que Felipe Calderón realizaría 2 años después con mayor apertura que su antecesor, junto con las Fuerzas Armadas (FFAA) y los centros de investigación.

Propuestas que están en negociación son ampliar las facultades presidenciales discrecionales para ocupar a las FFAA y el Centro de Investigación para la Seguridad Nacional (CISEN), en interrogatorios y espionajes contra el crimen organizado mediante atribuciones telefónicas para realizar expedientes confidenciales, especialmente en “Estado de Afectación Interna”. La vigente LSN en su título III ya establece el procedimiento y las reservas para la intervención en comunicaciones privadas, junto con la orden de un juez, solo sería ampliar dicha facultad, que podría traer mayor libertad al Jefe de Estado para espiar lo que él considere amenaza a la seguridad nacional, o a su propia preservación en el poder.

En la reforma al igual se establece que las FFAA actuarán contra movimientos o conflictos de carácter político, electoral o social cuando entren dentro de las amenazas a la seguridad interior, mencionadas anteriormente; al igual las FFAA tendrían la facultad de restringir la circulación de mercancías y vehículos, si los gobiernos estatales así lo consideran necesario, con aprobación del Consejo de Seguridad Nacional y el Senado de la República. Considero estas propuestas las que afectarían el libre tránsito de los ciudadanos quienes serían detenidos sin una orden judicial expresa, además dar a los gobiernos estatales las facultades de usar las FFAA a su disposición, mientras que exista esa amenaza a la seguridad.

Los que apoyan la LSN comentan que es de carácter urgente su reforma porque así limitarán la utilización de las Fuerzas Armadas, en espacio y tiempo, contra el crimen organizado y en el ejercicio de la seguridad pública, algo que desde 2006 han actuado sin un marco de ley específico. Considero que se está erróneo desde la raíz del problema, ya que las FFAA no se deben utilizar para tareas de seguridad interior, sino para amenazas del exterior. En lugar de establecer reformas a la Ley de Seguridad Nacional, se deberían modernizar urgentemente las policías municipales, estatales y federales; quienes sí tendrían facultades de regular la seguridad interna y combatir al narcotráfico como se hace en otros países de la región, donde el ejército aun no entra tan abiertamente a la lucha contra el crimen organizado.

Ante las propuestas de reforma de la LSN, movimientos de la Sociedad Civil se han levantado en contra, como el de la Señora Miranda de Wallace, Ciudadanos por Causa Común de María Elena Morera y el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia, además de la Universidad Nacional Autónoma de México a cabeza de su rector, José Narro Robles. Todos coinciden en que la reforma establecerá un estado de guerra permanente sin saber cuándo ni cómo regresarán las FFAA a sus cuarteles y cuando se profesionalizará las policías en las entidades federativas, dando legalidad a los cateos y allanamientos de morada como el que sufrió Efraín Bartolomé en el DF por autoridades del Estado de México. Además incluyen el establecimiento de políticas sociales de inclusión para los jóvenes y el resto de la población, con el fin de no verse forzadas a caer en empleos del crimen organizado.

El principal reclamo de la sociedad civil es que se utilizará al ejército en tareas de seguridad pública, mi pregunta sería ¿Cuándo se ha retirado el uso de las FFAA en esos temas? El PRI durante el tiempo de “dictadura perfecta” utilizó a tal institución para establecer el orden y control del país. Acaso se olvidan los desaparecidos en la guerra sucia de los años 60 y 70, la Operación Cóndor, desaparecimientos de carácter político, la matanza en Acteal y su utilización general contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, además de su participación en el fraude electoral de 1940, entre otros. La diferencia es que los Presidentes del PRI no utilizaban el concepto ejército para no causar revuelo entre la población y crear la percepción de seguridad.

Acción Nacional ha fallado al democratizar al país y tirar la estructura dictatorial del Revolucionario Institucional, anhelo que ha tenido desde su creación y que ahora se ha convertido en su cómplice para permanecerla vigente y reformada. El regreso del PRI a los pinos, hasta hoy, se mantiene indiscutible para el 2012 sin ningún personaje que le haga sombra, es posible que ahora este desee volver con mayor control militar del país, mayor corporativismo, censura y represión para actuar con libertad contra cualquier movimiento que él considere volver a la democracia imperfecta que se creó en el 2000.

Si mis percepciones son erróneas y se quiere en realidad un control contra el crimen organizado, lo que se debe realizar no es dotar a las FFAA de atribuciones especiales donde no las deben de tener. Sino profesionalizar y mejorar la cooperación de las policías municipales, estatales y la federal; para tal objetivo, el Presidente no sería el único responsable en la tarea, sino también los gobernadores de los 31 Estados y el DF, donde deberían de priorizar la seguridad nacional y de los mexicanos sobre cualquier color partidario que tengan. Al igual, invertir en políticas educativas, sociales y laborales en la población; para evitar su ingreso a las filas del crimen organizado; finalmente a este cortar ingresos económicos y confiscar propiedades, así México logrará su seguridad, no con mayor participación militar nacional, o internacional.