“Terrorismo” en Monterrey. ¿Puerta abierta para EUA?

AETC

28 Ago 2011

El 25 de agosto de 2011, la ciudad de Monterrey vivió uno de sus peores momentos durante la lucha contra el crimen organizado. Individuos incendiaron un casino provocando la muerte de 52 personas. Los representantes del gobierno federal, estatal y municipal inmediatamente condenaron los hechos, prometiendo justicia; además, el Presidente Felipe Calderón mencionó, quiero suponer sin pensarlo, que México había vivido un acto terrorista, discurso que se había negado a realizar anteriormente.

Terrorismo, según la consultora Jessica Stern, en su libro El Terrorismo Definitivo dice que es el “empleo o amenaza de violencia contra no combatientes, con la finalidad de intimidación sobre el sector de la población afectado”; además establece que la disuasión no es una buena solución al problema debido al desconocimiento sobre el adversario y su característica cambiante de motivos y capacidades de fuego. Al igual, el alemán Ernst Viktor Zenker, en su libro Anarchism comenta que resolver las desigualdades sociales es una manera de contrarrestar al terrorismo, el cual es producto del pauperismo. De acuerdo a la definición presentada, el Presidente Calderón tiene razón al llamarle terrorismo, sin embargo omite dos fundamentales aspectos.

El primer aspecto es la manera de resolver el asunto del crimen organizado en México, el cual se está realizando de una manera errática por no aliviar las desigualdades sociales. El segundo es la relevancia de haberle nombrado acto terrorista al suceso en Monterrey.

Se trae a la memoria dos eventos en América Latina similares: los ataques a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994 y cuando el ex Presidente colombiano Álvaro Uribe nombró terroristas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ambos ocurridos en tiempos de mandatarios alineados completamente a los intereses de Washington, permitieron la intervención directa del gobierno estadunidense a las instituciones militares y de justicia de ambos países:

·         En Argentina, Estados Unidos mandó agentes de la CIA y el FBI, además se permitió la entrada de las Fuerzas Armadas de Israel. Actualmente se dice que los juicios, donde se culpó a terroristas islamitas, fue manipulado por Washington y Tel Aviv.

·         En Colombia, Álvaro Uribe permitió el uso de siete bases militares colombianas para atacar a las FARC y a los narcotraficantes; ampliando la cooperación militar.

Washington se ha preocupado por la violencia de los cárteles del narcotráfico en México mediante el Plan Mérida; sin embargo ahora es posible que abra nuevas posibilidades de cooperación, debido a que Estados Unidos, en su calidad de precursor contra el terrorismo, verá este flagelo ya no al otro lado del mundo, es decir Medio Oriente, sino al otro lado de su frontera sur, el cual intentará, sin duda, atacar directamente.

La primera carta de Estados Unidos es el nuevo embajador en México, Anthony Wayne, especialista en temas de contraterrorismo con experiencia en las embajadas de Argentina y Afganistán. Su misión es la asistencia en la lucha contra el narcotráfico mediante el posible relanzamiento del Plan Mérida, además de intervenir en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad mexicanas. Las elecciones de 2012 son otro propósito en la mira de EUA, curiosamente Anthony Wayne fue nombrado embajador en Afganistán a poco tiempo que Hamid Karzai fuera electo Presidente en ese país, en medio de irregularidades electorales denunciadas por todos los partidos políticos opositores.

La segunda carta es la Operación Boomerang, nombrada en un artículo del New York Times llamado U.S. Widens Role in Mexican Fight. Hace pocas semanas se reveló parte de esta operación: la aparición de un centro de investigación de la Drug Enforcement Administration (DEA) en una base militar mexicana, claramente violando la soberanía nacional; además de la presencia de aviones no tripulados estadunidenses para la localización de cultivos y laboratorios de droga en México. Dichos planes se hicieron a cambio de que policías mexicanos viajaran a Estados Unidos, desde donde controlaban las misiones antinarcóticos, asesorados por la DEA y el Pentágono; al igual en la frontera participarían en las redadas en el vecino del norte.

Ginger Thompson y Mark Mazzetti, autores del artículo en el NYT, han comentado que el Presidente Felipe Calderón ha preferido los intereses de su partido ante las elecciones del siguiente año, a cambio de la soberanía nacional. La politización de la seguridad ha llevado a que México sea considerado el país más violento del mundo y la región, a pesar de no serlo. Si lo que busca Felipe Calderón es el 2012, su bandera de combatir la delincuencia no traerá buenos frutos al PAN si Estados Unidos entra directamente en los asuntos de seguridad, violando la soberanía nacional y la Constitución.

Estados Unidos siempre tendrá anhelo de participar aun más en los asuntos de seguridad de México, comenta Eric L. Olson, mexicanólogo del Centro Woodrow Wilson; atribución la cual le fue negada anteriormente por el recelo de una posible intervención; sin embargo, en el Pentágono se están asignando militares y equipos de inteligencia los cuales tienen el deseo de aplicar un plan, similar al de Afganistán e Irak, en México.

El concepto “terrorismo” usado por Felipe Calderón, si no fue por desconocimiento, fue completamente pensado en la intervención directa de los Estados Unidos en México, mayor ampliación del Plan Mérida, además de politizar los problemas de seguridad para lograr la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, mediante el apoyo popular guiado por el terror; además de un anhelo de impulsar a su partido para continuar en la Presidencia después de 2012. Por lo tanto se urge a un replanteamiento de estrategia sin intervención extranjera o una renuncia del Presidente de la República por violar la soberanía nacional al integrar a los Estados Unidos en asuntos que solamente compete a los mexicanos.