Ley Peña Nieto. Emulando al viejo PRI de 1968.

19 Septiembre 2011

AETC

En los países occidentales, las libertades de expresión y a la información se han tomado como banderas para defender los ideales democráticos de las naciones. Estas garantías son principalmente llevadas a cabo por los medios de comunicación y, actualmente, las redes sociales; los cuales recientemente han recibido disgustos por parte de los gobiernos, quienes las quieren censurar, limitar o penalizar; argumentando evitar la difamación de las instituciones democráticas y de la clase política. Ejemplos a nivel mundial se tiene a China, Cuba e Irán, donde se prefieren censurar para que sus modelos dictatoriales no caigan y la democracia no emerja.

En México, el Artículo 6° constitucional dice que no serán motivos de ninguna inquisición judicial o administrativa la manifestación de ideas; además que el Estado garantizará el derecho a la información hacia la ciudadanía. Sin embargo, en México parece que este artículo nunca ha existido porque se han aplicado leyes que han censurado a medios de comunicación para atacar u oponerse a las políticas del gobierno.

El entonces Presidente Gustavo Díaz Ordaz, por medio de decreto, tipificó el delito de sedición con el que se aplicaría prisión a los que en forma tumultuaria y sin uso de armas se resistan o ataquen a las autoridades. Este tipo de delito sirvió para castigar las congregaciones estudiantiles que se dieron a finales de su gobierno y posteriormente, por ser “enemigos de la revolución”. Además aplicó la multa a los medios de comunicación si transmitían publicidad de partidos opositores, en vez de los gubernamentales, creando así “los tiempos oficiales” en televisión.

Posteriormente en 2007 se despenalizaría la difamación al comunicar un hecho que podía ser cierto o falso. Sin embargo, en 2009 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvía a lanzar una iniciativa similar a la de Díaz Ordaz, en Veracruz, donde se pedía el retiro de videos circulando por internet que atacaban al ex gobernador del Estado, Fidel Herrera. Al igual, dos años después, se encarcelarían a dos usuarios de Twitter por delitos de “terrorismo y sabotaje” por el anuncio de supuestos ataques a un centro escolar en Boca del Río. Acción que Amnistía Internacional y Javier Sicilia condenarían por autoritarias.

La censura a la libertad de expresión en redes sociales no acabaría ahí por el PRI. Recientemente el diputado federal por Jalisco del PRI, Arturo Zamora, propuso una iniciativa en la Cámara de Diputados para castigar con multa o cárcel por seis años a los analistas, periodistas o comunicadores que revelaran las conductas indeseadas de los políticos, instituciones o candidatos. (nota). Afortunadamente el diputado retiró la iniciativa para “su mejor estudio”, después de la presión en las redes sociales.

A los pocos días de que el diputado Zamora retirara su iniciativa, los diputados del PRI en el Estado de México anunciaron la conocida Ley Peña, la cual tiene similar naturaleza a la del congresista jaliciense. La cual servirá para evitar el desprestigio a los personajes públicos generando terror entre la población y la denostación de políticos en campañas; castigando con penas de prisión.

En 1990, el Premio Nobel peruano nombró que México era la “dictadura perfecta, una dictadura camuflada” durante la época de eternización del partido hegemónico: PRI (nota). Actualmente se presume de un nuevo PRI reformado y con nueva visión hacia el futuro de México, como si pudieran borrar de la nada 70 años de haber ostentado el poder a costa de lo que fuese, desde el fraude en 1940 hasta el de 1988, junto con leyes contra los “enemigos de la revolución”. Estas iniciativas de ley, tanto estatales como federales, dibujan lo que inevitablemente ocurriría si se regresara a los pinos este partido, sin embargo no lo diré, por miedo a ser encarcelado en un futuro.