Juicio civil a militares por violación de DH. Gran avance en proceso.

26 julio 2011

AETC

Todos los países latinoamericanos hemos vivido periodos de nuestra historia donde las Fuerzas Armadas penetran en el entorno civil para su seguridad, pero no necesariamente protegiendo a la sociedad de abusos. Durante los años de “lucha” contra el crimen organizado, al ejército mexicano se le han atribuido facultades de seguridad interna las cuales sobrepasan sus funciones, suplantando las responsabilidades de las policías locales, estatales y federales; además de cometer abusos en contra de los Derechos Humanos de los mexicanos.

Navanethem Pillay, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó México durante los primeros días de julio de 2011, donde se entrevistó con Felipe Calderón, recomendándole enérgicamente que el Ejército debería ser retirado de la lucha contra el crimen organizado, además de aplicar la reforma constitucional a los Derechos Humanos, acabando con la retórica y aplicando los Tratados Internacionales a los que México se ha adherido. El Presidente solamente se limitó a decir que no se podía sacar a las Fuerzas Armadas por la violencia y corrupción que existe en el país, no obstante envío la propuesta al Poder Legislativo de investigar supuestos casos de tortura y violaciones por parte del ejército.

México necesitaba más que una propuesta en contra de la tortura y violaciones sexuales cometidas por militares. Razón por la cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que cualquier militar que violara las garantías individuales en la lucha contra el crimen organizado, debería de ser juzgado por tribunales civiles y no militares. Esta resolución se basó en la que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Radilla, desaparecido en 1974 pero visto en un cuartel militar de Guerrero. Para tal efecto se debería:

·         Reformar el Artículo 57 del Código de Justicia Militar por parte del P. Legislativo

·         Reformar el Art. 215 del Código Penal Federal.

·         Revisar las leyes estatales y, de ser contrarias a la resolución, ser catalogadas como anticonstitucionales.

Con 7 votos a favor y 3 en contra se aprobó la resolución, los votos negativos se efectuaron por los siguientes perfiles, quienes argumentaron que solamente el Poder Legislativo tenía facultades para emitir tal resolución.

1.      Salvador Aguirre Anguiano. militante del PAN quien votó por la absolución de Mario Marín en el caso de Lydia Cacho y en contra de una comisión investigadora en caso ABC

2.      Jorge Mario Pardo. Apoyado principalmente por el PRI y posteriormente por el PAN. Recién votado en 2011 por el Senado.

3.      Luis María Aguilar. Nominado por Felipe Calderón para su nombramiento y apoyado por el ex Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

A pesar de mencionadas negativas, Felipe Calderón, Sedena y Semar aceptaron la resolución de la SCJN; sin embargo, estas últimas secretarías pidieron a los legisladores una Ley de Seguridad Nacional que les brinde protección, mencionando que los criminales pudieran denunciarlos y tomar ventaja de las fuerzas federales con la resolución del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia ha permitido que México dé un gran paso contra la impunidad y omisión de casos que existen sobre violaciones a los Derechos Humanos durante la lucha contra el crimen organizado, sin embargo aún el camino es largo. No todo será responsabilidad de Felipe Calderón o las secretarías de Estado; sino también de los gobiernos de los Estados para acatar tal resolución y que los tribunales civiles se comprometan con el laborioso trabajo de investigación para resolver los casos en cuestión; además de un gran compromiso del congreso para sacar adelante la reforma a los dos artículos mencionados anteriormente; donde es seguro que tanto el PAN, principalmente por su vínculo con el Presidente, como el PRI, que extraña su pasado dictatorial, detendrán las reformas necesarias.

En este escenario es donde puede entrar la sociedad civil con mayor fuerza, donde actualmente se encuentran el Movimiento de Javier Sicilia y el Grupo ciudadano que exigen una Reforma Política a “la de ya”; presionando al Congreso para sacar adelante además otras reformas que México necesita para tener un futuro con mayor democracia, seguridad y respeto a los Derechos Humanos; con menor impunidad y corrupción. Al igual, no solamente estos grupos que se encuentran presionando a nivel Federal, sino también a los grupos locales de ciudades o Estados que viven más cruenta la violencia del crimen organizado, quienes pueden vigilar que se cumpla la resolución de la corte en sus respectivas entidades y localidades.

El siguiente paso de la resolución de la SCJN es ganarle a la corrupción e impunidad que reina en México. Lamentablemente en estos casos no hay ley que pueda detenerla, sino la misma sociedad que, desde varios habitantes hasta los gobernantes la practican. Además tener en cuenta que no solamente el Ejército es el que puede violar las garantías individuales, sino también los miembros del crimen organizado, los cuales tienen prácticas aún más violentas que las Fuerzas Armadas, y que generalmente alguna parte de la sociedad olvida quienes en realidad son los obstáculos a vencer para obtener la seguridad y paz deseadas.