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domingo, 26 de febrero de 2012

Legalización de las drogas. Falsa solución, pero necesaria


27 febrero 2012
AETC

"La ley es poderosa, pero más poderosa es la miseria."
Goethe


El combate al crimen organizado ha sido una de las premisas de los países latinoamericanos desde los años 80, pero con mayor fuerza a partir del 2001, provocando aumento en la violencia y el crimen en la región andina, Centroamérica y México. Ante este panorama, se ha planteado una alternativa para acabar con el mal, evitando la criminalización de los procesos productivos y la militarización. La posible solución es la legalización de las drogas promovida por los ex Presidentes de México, Brasil y Colombia; sumándose los mandatarios de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, rumbo a la Cumbre de las Américas; con el apoyo de su homólogo colombiano.

La legalización de las drogas es un tema muy polémico, en específico la más solicitada: la marihuana, la cual se presume tiene efectos medicinales. En cambio, sus opositores argumentan que el uso libre de esta droga destruiría a la sociedad, provocando además un gran aumento en el consumo, lo cual sería falso, porque en Holanda, España y Portugal, donde han sido legalizadas, este se ha mantenido o ha descendido.

Otro de los beneficios de la legalización es que el gobierno regularía los mercados clandestinos actuales, además de administrar la exportación y producción de la marihuana. Los ahora llamados narcomenudistas ya no serían criminales, convirtiéndose el consumo en exceso en problema de salud pública, como el tabaquismo y el alcoholismo, como ejemplo, este último provoca 2.3 millones de muertes cuando la marihuana no se tiene documentada ninguna.

Si bien la prohibición y las estrategias militares han aumentado el número de muertos sin lograr reducir el consumo, se debería entender que al legalizar las drogas solo se afectaría al narcotráfico que solo es una rama del crimen organizado, el cual también se expresa con el tráfico de personas, la trata de blancas, el secuestro, la extorsión, la piratería, el lavado de dinero y el trasiego de armas, entre otros.

Otro argumento a favor de la legalización es que a los narcotraficantes se les eliminará su fuente de ingresos más importante evitando la compra de armas en EUA para proteger su negocio, sin embargo perfeccionarían o encontrarían mayores fuentes de financiamiento en sus actividades mencionadas anteriormente, los cuales les pueden compensar la baja en ingresos; sin contar, que de solo legalizada la marihuana, pueden tomar dinero también de la venta de cocaína, heroína y demás drogas sintéticas rentables en el mercado estadounidense y local.

La legalización de la marihuana no reduciría la violencia causada por el Crimen Organizado, pero es necesaria porque así se dejaría de criminalizar la pobreza, debido a que generalmente los narcomenudistas o los que cultivan la hoja de coca y la marihuana son gente de escasos recursos los cuales no hayan oportunidades de empleo o tienen ingresos muy bajos aunado a la baja inversión en el campo. De esta manera se reduciría también el hacinamiento en las cárceles que significa otro problema de seguridad (Fuente). No obstante, este panorama estaría completo con la modernización de los sistemas de salud, de prevención y de educación en la sociedad sobre los riesgos que existan al consumir las drogas legalizadas.

Finalmente ¿Cuál sería la solución para erradicar la violencia creada por el Crimen Organizado? Sin duda es la presencia más activa del gobierno en las comunidades, no con policías ni militares, sino con infraestructura, salud, educación y empleos con salarios que alcancen, al menos, para comprar los productos de la canasta básica, junto con las necesidades básicas de la gente; provocando en la sociedad una sinergia para adherirse a empleos formales y no vivir en la clandestinidad. De esta manera, se cortaría el ingreso de personas a las filas del crimen siendo más fácil controlarlo.

martes, 28 de junio de 2011

El “hermano mayor” busca llevar lucha antinarcóticos a Centroamérica

28 Junio 2011
AETC

Desde el Siglo XX y hasta la actualidad, se ha comentado que México y Brasil son los líderes indiscutibles de Latinoamérica, a los cuales le otorgan las dos regiones en las que se divide la zona: Centroamérica sería para México y América del Sur para Brasil. Este último ha hecho lo propio mediante el establecimiento de mecanismos como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), junto con los Consejos y órganos que la conforman, al igual, el Mercosur y su expansión. En cambio, México contiene un Plan Puebla Panamá vagamente evolucionado en Proyecto Mesoamérica, el cual no tiene los alcances de las organizaciones sudamericanas, contrastando con el gran activismo que caracterizó al país durante la década de los años 80 y 90, cuando se pacificó la región, en gran ayuda por el Grupo Contadora, ahora Grupo de Río, acciones con la que se ganó el mote de “El Hermano Mayor de Centroamérica”.

Los Presidentes mexicanos, Miguel de la Madrid (1982-1988) y Carlos Salinas (1988-1994), tenían muy claro la relevancia que tiene la seguridad y el desarrollo de Centroamérica para tales características en México. Hace 20 años, los temas de seguridad provenían de guerrillas financiadas por Cuba o Rusia para derrocar a los gobiernos impuestos por Estados Unidos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Ahora es otro el problema, el cual tiene un carácter aún más transnacional que la acción guerrillera: el Crimen Organizado.

Como se comentó en artículo pasado (La Mexicanización de Centroamérica), se pidió que México interviniera directamente en las políticas de seguridad en la región para poder alcanzar resultados más tangibles en su lucha antinarcóticos interna, haciendo una homologación de acciones y medidas para que existiera ese bloque en contra de las bandas delictivas que han permeado las estructuras políticas y sociales de la región. Para esta propuesta, existió una oportunidad: la Primera Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad Centroamericana, que se llevó a cabo en la capital guatemalteca el 22 y 23 de junio pasados, con la participación de los Presidentes centroamericanos, México y Colombia; Primer Ministro de Belice, VP de República Dominicana y representantes del Sistema de Integración Centroamericana.

Felipe Calderón asistió con la canciller, Patricia Espinosa, quienes exigieron a Estados Unidos aportar los recursos equivalentes a las ganancias de los narcotraficantes para la lucha en contra de los cárteles, porque es impensable que si estas equivalen a $35,000mdd, tan solo en la cocaína, se combata el flagelo con solo los $2,000mdd prometidos por Barack Obama; además les reclamó sobre su industria armamentista que no ayuda en nada a la lucha y el incremento permisivo de consumo de drogas en EUA. Por lo tanto, propuso urgentemente que entre Centroamericanos se realizaran acciones basados en Reducir el consumo, la Prohibición de venta de armas, Aumento de la ayuda internacional y Coordinación regional en el combate; esto con el fin de que la violencia no llegue a la sociedad.

Otras propuestas mexicanas vertidas fueron las del Subsecretario para América Latina y el Caribe SRE, Rubén Beltrán, quien pidió homologar las acciones que lleva el gobierno mexicano desde el 2007 en contra del Crimen Organizado, con el fin de evitar duplicación de esfuerzos. Además, incluir a Centroamérica en la Plataforma México, un sistema sobre datos de investigaciones criminalísticas, penitenciarias y policiales. También se ofrecerá asistencia a la región para el fortalecimiento de instituciones de justicia, integración centroamericanos y combate a la corrupción, debido a que según el Presidente de México, es el principal factor que dio pie a que los narcotraficantes crecieran en la región.

Las propuestas Centroamericanas no distan mucho de las mexicanas. La gran mayoría de los países está optando por la compra de armamento, pedir ayuda a Estados Unidos como Costa Rica, y el incremento del presupuesto a las Fuerzas Armadas. A diferencia del gobierno nicaragüense, el cual promovió la creación de policías preventivos, proactivos y comunitarios, lo cual dice el Presidente Daniel Ortega que han convertido a Nicaragua en uno de los países más seguros de la región, lo que los ha hecho ser calificados como ejemplo centroamericano el año pasado en Panamá.

Otras propuestas diferenciadas de incrementar las acciones del ejército, fue la estadunidense de crear el impuesto de seguridad consecutivo a una reforma fiscal en cada país, a lo que los empresarios no estuvieron de acuerdo. Además la creación de un Fondo de Compensación regional, donde se administrarán los montos recibidos para la lucha por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), con sede en El Salvador, así evitando que cada país abuse del dinero en otros programas. Finalmente, Juan Manuel Santos (Colombia), ofreció capacitación y asesoría en inteligencia, además de la creación de un centro regional para combatir el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas.

El “Hermano Mayor” vuelve a voltear a su frontera sur de nuevo por cuestiones de seguridad, ahora intentando exportar sus acciones contra el narcotráfico llevadas a cabo desde 2007. No obstante, Centroamérica, quien está optando por la vía militar, debería de reflexionar para aprender de la experiencia mexicana y realizar primero acciones que fortalezcan las instituciones de justicia, además de erradicar la corrupción de estas, de la policía y demás aparatos gubernamentales involucrados. Debido a que este otro mal es el principal causante de la violencia e impunidad en México, provocando así una lucha sin resultados tangibles por los mexicanos.

Además, es de celebrarse que el gobierno mexicano voltee a ver su porosa e insegura frontera sur con el fin de encontrar una nueva vía de enfrentar el crimen organizado que venga desde la región andina. Pero también sería importante que reflexione con sus pares centroamericanos sobre nuevas maneras de combatir el narcotráfico mediante la promoción del desarrollo regional, la erradicación de la pobreza, la educación, el empleo y el aumento a los salarios; que son aun más urgentes para bajar la tasa de homicidios en Centroamérica, que equivale a 33.3 por día por cada 100mil habitantes.

México debería de aprovechar en esta coyuntura la premisa de Política Exterior del ex Presidente brasileño, Lula da Silva: Se ejercerá la no intervención, junto con la no indiferencia. De esta manera, actuar en la crisis social y de seguridad que existe en la región mediante el establecimiento de mecanismos para seguridad y desarrollo económico. Se debe priorizar el trabajo multilateral, porque solo unidos se podrá ganar la batalla en contra de la pobreza, desigualdad, la corrupción y la inseguridad.